Despidos y represión en Terrabusi: ¿será ésta la política K ante la crisis?

Después de la represión, el gobierno recibió a representantes de la empresa Kraft-Terrabusi en el Ministerio de Trabajo, a pedido de la Embajada de Estados Unidos. Es que por estos días, el ministro de Economía Amado Boudou, pichón de Cavallo formado en el CEMA, anda de gira por el mundo esforzándose para que los acreedores financieros le “den crédito” al país, y para eso congraciarse con “la Embajada” vuelve a ser necesario. Fue el vocero del propio ministerio el que informó públicamente del resultado de la gestión: “la empresa no se irá del país, y no seguirá despidiendo más trabajadores”. De esta forma el gobierno pretende dar por “irreversibles” los 155 despidos, y a través del Ministro Fernández convalidar la represión que por la mañana él mismo le reclamó abiertamente por las radios al gobernador Scioli.

Pero no sólo desde la más altas esferas del poder ejecutivo se estuvo contra los trabajadores para congraciarse con la empresa yanqui: la CGT de Moyano, el más importante sostén del gobierno, recuperó el macartismo de la derecha peronista en los 70 hablando de la “ultraizquierda” en lugar de hablar de los trabajadores que perdían su trabajo, y ninguna organización popular kirchnerista acompañó efectivamente a los trabajadores en los más de 40 días que dura el conflicto, ni se los escuchó repudiar la represión. Aún con sus limitaciones, fueron la izquierda partidaria e independiente, los estudiantes y organizaciones barriales quienes estuvimos al lado de los laburantes, dimos visibilidad al conflicto y logramos que toda la sociedad se vea interpelada por una consigna que, aunque circula desde hace meses en periódicos y afiches, no había superado los ámbitos militantes: “que la crisis no la paguen los trabajadores”.

Los despidos en Terrabusi, aún con su importante dimensión para el conjunto de los trabajadores y el pueblo, conforman apenas uno de los tantos conflictos de envergadura en desarrollo o que se vienen. Otras luchas obreras, barriales o de desocupados cuestionarán también a otros factores de poder, como empresas multinacionales, monopolios (comunicacionales y de los otros) o gobernadores o intendentes del conurbano, quienes también pedirán represión. Si el proceder ante el conflicto de Terrabusi va a marcar el modus operandi del gobierno, pasos positivos como la Ley de Servicios Audiovisuales, o un nuevo proyecto de reforma del sistema tributario que anuncian, quedarán diluidos en un marasmo de crecientes rechazos desde abajo. Si la misma pasividad, falta de compromiso, complicidad con los poderosos y justificación de la represión que se mostró desde quienes sostienen al “proyecto K” van a ser la forma de encarar la difícil situación que se presentará a partir de las luchas populares que ya se esbozan con más fuerza, el gobierno tendrá otros motivos de preocupación, más allá de la “derecha” antipopular y reaccionaria que acompañó a las patronales agroexportadoras y batalla contra la ley de Medios. De parte del pueblo, los sectores que desde hace rato dejaron de ver al kirchnerismo como una opción real de defensa de sus intereses, acrecentarán su rechazo y su lucha contra esa misma "derecha" empresarial, comunicacional y política, pero también contra el gobierno si se muestra funcional a esos intereses, como en el caso de Terrabusi. Deberemos ser l@s propios trabajador@s y el pueblo quienes nos vayamos volcando a la lucha para ser quienes, organizados, nos defendamos del hambre, la exclusión y la voracidad del capital.

Por eso, como sucedió el viernes con la resistencia en Terrabusi pero también con muestras activas de solidaridad en Capital, La Plata, Cipolleti y en otros puntos del país, convocamos a manifestar este lunes en reclamo de la reincorporación inmediata de los despedidos, en Capital, en Rosario, y en cada punto del país donde se convoque a la solidaridad activa con los trabajadores y en repudio a la represión.

El FPDS a favor de la nueva Ley de Medios, sin concentración económica ni comunicacional

Consideramos que el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados contiene una parte importante de los reclamos que desde hace décadas vienen planteando los medios comunitarios y distintas organizaciones sociales. Reclamamos al Senado de la Nación la aprobación de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El proyecto de ley de SCA nos plantea como organizaciones sociales un debate sobre las políticas de comunicación que necesitamos como pueblo. Con una nueva ley estaremos en mejores condiciones para fortalecer los medios populares, que son aquellos junto a los que venimos resistiendo las políticas de concentración económica, empobrecimiento de la población, precarización laboral y salarial, privatizaciones y saqueo de los bienes de la naturaleza.

También esta disputa requiere, desde las organizaciones y las/os trabajadoras/es, pensar y actuar en la construcción de otro tipo de medios públicos, para que respondan a los intereses de la población y no de los gobiernos de turno. Por eso apoyamos los planteos que vienen realizando trabajadores de distintos medios, entre ellos los de Radio Provincia de Buenos Aires, en el sentido de incorporar los principios de gestión y participación democrática -hoy ausentes- al sistema de medios públicos, "subrayando que público no es lo mismo que gubernamental o partidario".

Creemos que la implementación efectiva del proyecto de ley de SCA, en el sentido planteado por los 21 puntos por una Radiodifusión Democrática, pone un freno al proceso de concentración de los medios, política iniciada durante la última dictadura y profundizada durante los gobiernos democráticos, ya sea a través de decretos presidenciales o reformas parciales del decreto-ley de radiodifusión de 1980.

Valoramos la lucha que desde el comienzo del período democrático se viene dando desde medios populares, organizaciones sociales, de derechos humanos, culturales y trabajadoras/es de la comunicación, por poner en discusión estos temas y avanzar en propuestas concretas que limitan políticas arbitrarias por parte de sectores políticos y/o económicos, entre ellas: -Entender a la comunicación no como un negocio sino como derecho que, por lo tanto, debe ser garantizado por el Estado.

-Establecer que las frecuencias de radiodifusión son de dominio público, y por eso es el Estado quien debe administrarlas; reconocer el derecho a las organizaciones sociales para participar en la gestión de los medios, y también a conocer quiénes pueden ser los titulares de las licencias de radio y TV.

-Explicitar disposiciones para evitar la concentración de la propiedad de los medios, limitar la existencia de cadenas y alentar la producción de contenidos regionales. -Incorporar mecanismos para garantizar los derechos del público, entre ellos los de niños/as.

Entendemos que el proyecto de ley de SCA es perfectible, y eso se refleja en algunas de las modificaciones propuestas por las organizaciones sociales en los distintos ámbitos de debate, como por ejemplo las referidas a los fondos destinados a apoyar a medios comunitarios y de pueblos originarios, la discutida “Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual” que reemplaza al Comfer, o la vía libre en el negocio de la comunicación para las transnacionales telefónicas. Asimismo, hay otros aportes que permitirían democratizar la comunicación y limitar el poder de los oligopolios, y que han sido planteados en distintos foros desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), como por ejemplo:

* La derogación del decreto 527/05 que prorrogó automáticamente las licencias de los grupos oligopólicos. * Reducción a 4 del máximo de licencias permitidas para un mismo operador en todo el país.

* El reconocimiento expreso de los medios comunitarios, populares y alternativos, previendo: asignación específica del espectro radioeléctrico; asignación automática de licencia a todos aquellos medios que al momento de la sanción de la ley estén trasmitiendo y devolución de los equipos decomisados; mecanismos diferenciados y específicos para el acceso a licencias y armado del plan técnico; representantes en la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación y en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual; un fondo de promoción y desarrollo destinado específicamente a los medios comunitarios, populares y alternativos y exención del pago de gravámenes.

Consideramos que esta nueva ley puede abrirnos caminos para: -multiplicar las experiencias de comunicación popular, con medios que amplifiquen las voces de los sectores más postergados, permanentemente silenciados por los medios comerciales; y para -seguir planteando otro tipo de políticas públicas de comunicación, con medios del estado con gestión y participación democrática Tenemos que exigir al Senado la inmediata aprobación del proyecto de ley de SCA. A esta altura, la no aprobación significará el triunfo de los grupos económicos que se han apropiado de la mayoría de los medios en todos los rincones del país. La lucha continuará, también, con la reglamentación y aplicación.